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          El artículo 69-B Código Fiscal de la Federación, se concibe como el primer sistema de fiscalización simétrica en México. Su eficacia, radica en la creación de un procedimiento secuencial que opera en forma  integral y no aislada con los sujetos de una operación.

Hasta el ejercicio fiscal de 2010, el Fisco Federal basaba su esfuerzo en auditar de forma independiente a los sujetos que intervienen en una operación, utilizando para ello la siguiente fórmula:

 

Sujeto que presta el servicio+ emisión de una factura con los requisitos de ley = OPERACIÓN

 

El problema que tenía el SAT al aplicar ésta fórmula, era que la validez de una operación dependía de requisitos de forma, como lo son:

 

1.            La emisión de una factura

2.            Que el emisor se encontrara inscrito en el R.F.C.

3.            Que se encontrara localizado.

 

En el ejercicio fiscal de 2012, se introdujo un nuevo proceso de fiscalización, en donde lo más trascendental fue el auditar a los sujetos de la operación en forma conjunta, conforme a lo siguiente:

 

Sujeto que presta el servicio + sujeto que recibe el servicio = OPERACIÓN

 

Al analizar en forma conjunta a los sujetos que intervenían en la operación, la autoridad fiscal introdujo elementos novedosos a sus revisiones, que eran ajenos a los requisitos de forma, como lo son:

 

1. Un domicilio fiscal coherente con las actividades manifestadas ante el R.F.C.

2. Antigüedad en el R.F.C. de los sujetos

3. Capacidad económica para prestar el servicio.

4. Activos.

En ésta operación, el SAT tuvo su primer gran avance en contra de la evasión fiscal, obteniendo como resultado un aumento considerable de ingresos y un crecimiento de actos de cobro coactivo (Procedimiento Administrativo de Ejecución).

Sin embargo, en el ejercicio fiscal de 2013, y aún con el avance tan significativo que se había tenido en la recaudación y fiscalización de ingresos, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria observó que la evasión fiscal no dependía de los sujetos, sino de la OPERACIÓN.

 

La operación no constituye un requisito ni una obligación que se debe cumplir, sino que es la materialización de un acto o actividad de cuya realización depende el inicio de la actividad tributaria. A partir de ella, se dará el inicio a la obligación de cumplir con los requisitos que impone la legislación fiscal.

 

¿Qué elementos constituyen el soporte para dar cuenta fidedigna de la materialización de una operación fiscal?

 

Para el sujeto que presta el servicio:

 

§  Contar con elementos materiales para prestar el servicio (mobiliario, equipo de oficina, infraestructura, etc).

 

§  Contar con elementos humanos para prestar el servicio (trabajadores)

 

§  Contar con recursos económicos para contratar el servicio y/o adquirir el bien.

 

 

Para el sujeto que recibe el servicio:

 

§  Tener un objeto social acorde con el servicio recibido. (Se liga hoy en día con el uso del CFDI)

 

§  Obtener cualquier tipo de beneficio con la prestación del servicio.

 

 

§  Acreditar que se cuenta con capacidad material para recibir el servicio.

 

De ésta manera, el procedimiento establecido en el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, no va dirigido a identificar si se cumplieron o no los requisitos que impone el Código Fiscal y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en lo que refiere a los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales digitales o las deducciones, sino que, por el contrario, éste procedimiento va dirigido a esclarecer si una operación es real, en función de un procedimiento secuencial que une distintas fases y elementos, como lo son:

 

a)    Razón de negocios de una operación.

b)    Objeto social del contratante y contratista.

c)    Activos, infraestructura y capital humano del contratante y contratista

d)    Contabilidad.

e)    Fecha cierta de la operación.

f)     Documentación comprobatoria de la operación.

g)    Contabilidad y registros.

h)   Objeto del contrato.

 

Es importante destacar que hoy en día, el tema a discusión en los Tribunales no se centra en definir si es o no legal el rechazo de deducciones por no acreditar la “materialidad” o “razón de negocios” de una operación, dado que ello, desde 2016, se definió  como legal y constitucional, sino que el tema a debate que se desarrolla en la actualidad, es sobre definir el alcance de la actuación del SAT en la revisión que efectúe y en la intensidad y rigidez con la que solicite la documentación comprobatoria de las operaciones.

 

Coordinación de estudio e investigación fiscal de Grupo García Landa.

 

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Dr. Jorge Marcos García Landa

Socio Fundador

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